La Argentina sumó el respaldo del Parlasur
El órgano legislativo del Mercosur aprobó por unanimidad una declaración de “solidaridad con el pueblo y el gobierno de la República Argentina”, ante los agentes especulativos y abogó por una solución que no comprometa el amplio proceso de reestructuración de su deuda soberana.
El texto aprobado por los cinco países que componen el Parlasur recomienda “al Consejo del Mercado Común (CMC) que apruebe la Declaración adoptada en el ámbito del Parlamento de Mercosur y que inste a las Presidentas y Presidentes de los Estados Parte del Mercosur a liderar el proceso de discusión de las deudas externas soberanas en las esferas competentes a nivel mundial”.
Como parte de la delegación argentina en el parlamento regional estuvieron, entre otros, los diputados Andrés Larroque, Jorge Landau, Julia Perié y Sergio Bergman, y los senadores José Mayans, Laura Montero, María Inés Pilatti Vergara y Rubén Giustiniani. El embajador argentino ante Mercosur y Aladi, Juan Manuel Abal Medina, y el director de Relaciones Internacionales de Parlasur, Juan Salim, fueron de la partida.
La declaración aprobada en Montevideo denuncia que “los fondos especulativos promovieron la crisis sistémica en la economía mundial en 2008”, y toma como antecedentes las declaraciones de otros organismos internacionales sobre el tema, entre ellos Unasur, OEA, G77+China y el Parlamento Andino.
La resolución del Parlasur, el órgano legislativo del Mercosur, integrado por 26 parlamentarios de la Argentina, 37 de Brasil, 23 de Venezuela, 18 de Paraguay y 18 de Uruguay, destaca también “los esfuerzos que viene realizando” Argentina “para honrar los compromisos adquiridos desde la reestructuración de su deuda soberana en los años 2005 y 2010”. Además, el texto asegura que la “decisión de la justicia norteamericana pone en riesgo no sólo la resolución cooperativa de crisis de deuda soberana de los Estados, sino que condiciona severamente la estabilidad y el desarrollo social y económico de la República Argentina”.
Más adelante expresa que “al no considerar el proceso de reestructuración de la deuda, negociada en 2005 e 2010 por el gobierno argentino con más de 92 por ciento de los acreedores, la decisión del juez Thomas Griesa y de la Corte Suprema de los Estados Unidos produjeron una decisión simplemente inaplicable”.
Fuente: Pagina 12
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