Para el ministro de Justicia Julio Alak la fuga de los represores estuvo planificada.




El ministro de Justicia y Derechos Humanos aseguró que el escape de los represores Jorge Olivera y Gustavo de Marchi del Hospital Militar fue una operación planificada con antelación. "Quedó en evidencia que muchos traslados eran por temas médicos menores", agregó, y defendió las nuevas medidas para trasladar a acusados por delitos de lesa humanidad.

Alak confirmó que en adelante equipos especializados realizarán la evaluación de salud de los presos por delitos de lesa humanidad que se encuentran en los hospitales dependientes de las fuerzas. "Quedó en evidencia que muchos traslados eran por temas médicos menores y que podían ser tratados perfectamente en su lugar de detención", sostuvo en una conferencia de prensa.

Además, agregó que en el caso de Olivera y De Marchi "no había orden de internación" para su traslado al Hospital Militar. Ayer el Gobierno congeló los fondos de un fideicomiso al que ambos represores cedían los honorarios millonarios que cobraban por juicios contra el Estado.

Esta mañana, Alak aseguró que los represores prófugos "están siendo intensamente buscados por las fuerzas federales como también por los organismos de Migraciones, y por Interpol en todo el mundo con alerta roja para su captura". En esas declaraciones, ya había adelantado que "evidentemente tenían un plan de fuga elaborado y planificado con anterioridad y han logrado sumar a diversas personas, no sólo en la actividad civil sino en ámbitos de los poderes del Estado".



Rossi: "Las fugas no se hacen sin apoyo logístico"

El ministro de Defensa ratificó sus sospechas sobre la existencia de "una estructura económica que se podría utilizar para financiar y sostener las fugas de represores" acusados por delitos de lesa humanidad, tal como ocurrió con los prófugos Gustavo De Marchi y Jorge Antonio Olivera, a quienes ayer se les congelaron los fondos de un fideicomiso al que ambos cedían los honorarios millonarios que cobraban por juicios contra el Estado.

El titular de Defensa se refirió a la medida anunciada ayer junto con el ministro de Justicia, Julio Alak y el titular de la Unidad de Investigación Financiera, José Sbatella.

"Las fugas no se hacen sin apoyo logístico", aseguró Rossi al recordar que en la actualidad son 62 los represores prófugos de la justicia. El funcionario explicó, además, que se pudo comprobar que Olivera "actuó como abogado junto a su socio Jorge Appiani, quien también está condenado por delitos de lesa humanidad, en reclamos contra el Ministerio de Defensa por actuaciones de haberes de uniformados".

"Ambos constituyeron fideicomiso y transfirieron sus honorarios que al 31 de diciembre de 2010 contaba con un fondo de 9.500.000 pesos", y esos fondos, al momento de ser detenido Olivera, "se transfieren a una SRL que tiene mayoría en el fideicomiso". Rossi precisó, además, que el congelamiento de los fondos se realizó también sobre las sociedades y los bienes de Appiani, y agregó que toda la documentación obtenida fue entregada al juez Claudio Bonadío, a cargo de la causa.

Recompensa del Ministerio de Justicia
Se ofrece como recompensa dentro de la República Argentina la suma de pesos 2.000.000 por el plazo de 12 meses a partir del día de la fecha destinada a aquellas personas que brinden datos útiles que resultasen determinantes para la detención de los prófugos Gustavo De Marchi y Jorge Antonio Olivera, las personas que quieran suministrar datos deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas ordenada por la Justicia al (011) 5300-4020.

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