AUDIENCIA PUBLICA POR LA LEY DE MEDIOS EN LA CORTE SUPREMA

El CEO de Clarín Hector Magnetto mantiene retenida la ley aprobada por el Congreso. 


Hoy comienzan a exponer ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación los "amicus" de las partes en disputa por la Ley de Medios en la Argentina, las partes interesadas, el grupo oligopólico Clarín queriendo defender sus intereses financieros y el Gobierno Nacional que procura convencer al máximo tribunal, de derogar las 2 clausulas de la ley que en la actualidad impiden el cumplimiento a los grupos mediáticos de "todos" los puntos de la ley de servicios de comunicación audiovisual que hace 4 años aprobara el Congreso de la Nación

Los amicus invitados a exponer
La Corte Suprema informó la lista definitiva de los cinco "amigos del tribunal" que se presentarán por cada parte -Gobierno y Grupo Clarín- en el marco de la audiencia pública por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Habrá dos expositores independientes: la Defensoría del Público y el Centro de Estudios en Derecho y Economía de la Facultad de Derecho de la UBA. El Máximo Tribunal aceptó también una intervención de la procuradora Alejandra Gils Carbó.

A través del Centro de Información Judicial, la Corte informó que cada uno de los expositores tendrá 15 minutos para manifestar su opinión sobre la causa iniciada contra la constitucionalidad de la Ley de Medios.

De parte del Poder Ejecutivo Nacional (a favor de la constitucionalidad de la ley 26.522) se presentarán:

La Universidad Nacional de Lanús, representada por Ana Jaramillo (rectora), con el patrocinio de Víctor Abramovich.

La Universidad Nacional de San Martín, a través de Carlos Ruta (rector), patrocinada por Eduardo Ratti.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), representado por Horacio Verbitsky y Gastón Chiller (apoderados), con el patrocinio de Damián Loreti.

La Confederación Cooperativa de la República Argentina (COOPERAR), a través de Miguel Julio Rodríguez Villafañe.

La Asociación Argentina de Juristas, representada por Ernesto Moreau, con el patrocinio de Beinusz Szmukler y de Claudia Rocca.

En tanto, por el lado del Grupo Clarín los amicus curiae serán:

El Observatorio Iberoamericano de la Democracia, representada por el venezolano Asdrúbal Aguiar Aranguren, con el patrocinio de Carlos Laplacette.

La Organización de Asociaciones de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica, a través de Eduardo Oteiza.

La Asociación Internacional de Radiodifusión, representada por Héctor Amengual, con el patrocinio de Gregorio Badeni, y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), representada por Carlos Jornet, con el patrocinio de Carlos Laplacette. Los oradores serán Luis Pardo y Carlos Laplacette.

El Comité del Consumidor (CODELCO), encabezado por Francisco Durand Casali, con el patrocinio de Andrés Gil Domínguez. Serán sus oradores Gil Domínguez y el semiólogo Eliseo Verón.

El abogado Lucas Sebastián Grossman, director del Departamento de Derecho y de la carrera de Abogacía de la Universidad de San Andrés.

De los 13 aspirantes a exponer como "independientes de las partes", en la acordada de hoy la Corte aceptó sólo a dos: la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuya oradora será la defensora Cynthia Ottaviano; y el Centro de Estudios en Derecho y Economía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con una presentación de Juan Vicente Sola. Afuera se quedaron, entre otros, las organizaciones de medios comunitarios.

También fue aceptada una intervención de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien ya emitió un dictamen favorable a la constitucionalidad de la norma aprobada en 2009 por el Congreso Nacional.

La audiencia pública, en la que cada expositor tendrá 15 minutos disponibles, comenzará mañana a las 10 en el Palacio de Tribunales y podrá ser transmitida en vivo por todos los canales interesados. El jueves será el turno de los representantes de Clarín y del Gobierno. Luego de este paso, la Corte deberá emitir un fallo definitivo sobre la ley que tuvo frenados durante cuatro años sus artículos antimonopólicos por una demanda del Grupo Clarín.

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