Fuga de represores: Crean una comisión para evaluar el estado de salud de los imputados. Piden investigar la responsabilidad del juez que autorizo el traslado.
Crean una comisión médica para evaluar el estado de salud de los represores imputados.
"La medida apunta a verificar si realmente existen causales para requerir una atención determinada que, en caso de necesitarla, se prestará en el Hospital Central del Servicio Penitenciario de Ezeiza, que tiene servicios médicos de mediana y alta complejidad suficientes para poder albergar a civiles y militares que están imputados por delitos de lesa humanidad", explicó el ministro de Defensa, Agustín Rossi.Para realizar las tareas de revisión de antecedentes médicos, los ministros Rossi, Julio Alak (Justicia) y Juan Manzur (Salud) acordaron la creación de la Comisión de Asesoramiento Médico, que integrarán médicos representantes de los tres ministerios: Pablo Kohan por Justicia, Eduardo Mario Bustos Villar por Salud, y Mario Perichón, por Defensa.
Piden investigar la responsabilidad del juez que autorizó el traslado de los dos represores que se fugaron.
Víctor Hortel, director del Servicio Penitenciario Federal, aseguró que fue la justicia federal la que dispuso el traslado de Jorge Olivera y Gustavo De Marchi al Hospital Militar, y "no en forma definitiva al penal Federal de Marcos Paz, como se informó erróneamente”.
De esta manera, el jefe del Servicio Penitenciario Federal salió al cruce nuevamente de las versiones periodísticas que indicaban que el juez Federal Miguel Angel Gálvez no había enviado a Olivera y De Marchi al nosocomio en el que se produjo la fuga de los dos represores condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.
En ese sentido, Hortel reiteró que “debe investigarse la responsabilidad del juez federal sanjuanino que autorizó el traslado transitorio” de los dos represores, quienes se fugaron el jueves último del Hospital Militar, en el barrio porteño de Belgrano.
Precisamente, la documentación obrante en el SPF da cuenta de que el juez Gálvez dispuso el traslado temporario durante el término de la feria judicial y además, el 18 de julio María Paula Carena, titular de la Secretaría Penal N°5 del Juzgado Federal N°2 de la provincia de San Juan, “por disposición del Juez Federal subrogante Miguel Ángel Gálvez”, solicitó “se arbitren los medios necesarios para que el interno Gustavo Ramón De Marchi, sea trasladado hasta el Hospital Militar Central, a los fines de ser atendido".
Según esos registros, la solicitud de atención preveía traslados del 18 y 25 de julio al Servicio de Psiquiatría a las 10; el 31 de julio al Servicio de Traumatología a las 10; el 1 de agosto al Servicio de Clínica Médica General a las 10.30; el 7 de agosto al Servicio de Implantología a las 10 y 8 de agosto al Servicio de Psiquiatría a las 10.00 horas.
En tanto, en oficios similares cursados en la misma fecha y en iguales términos, la secretaria Carena solicitó, también por disposición del juez Gálvez, que “se arbitren los medios necesarios para que el interno Jorge Antonio Olivera sea trasladado hasta el Hospital Militar Central", también por atención médica.
Los cronogramas de traslados para Olivera eran el 18 y 25 de julio al Servicio de Dermatología a las 10; el 31 de julio al Servicio de Implantología a las 10; el 1 de agosto al Servicio de Urología a las 10.30; 7 de agosto al Servicio de Nefrología a las 10; y 8 de agosto al Servicio de Psiquiatría a las 10.00 horas”, es decir, exactamente los mismos días y en los mismos horarios que De Marchi.
Los ministerios de Justicia, Defensa y Salud firmaron un convenio por el cual revisarán los antecedentes médicos de todos los imputados, procesados o condenados por delitos de lesa humanidad, que ya no podrán ser trasladados para su atención a hospitales de las Fuerzas Armadas, y así evitar situaciones de fuga como la ocurrida la semana pasada con los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi.
El objetivo es claro: "Que no haya márgen para situaciones como las que se produjeron la semana pasada", aseveró el ministro Alak en referencia a Olivera y De Marchi, ambos condenados por delitos de lesa humanidad en San Juan que se fugaron el último jueves aprovechando su atención médica en el Hospital Militar Cosme Argerich, en el barrio porteño de Palermo.
La Justicia de San Juan había concedido a ambos detenidos el beneficio de su traslado transitorio a la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Servicio Penitenciario Federal, para ser atendidos en el Hospital Militar Central, por los servicios de dermatología, en uno de los casos, y de psiquiatría, en el otro.
"De ahora en más, de requerirse atención médica especial para imputados por delitos de lesa humanidad, ésta se prestará en el Hospital del Servicio Penitenciario Nacional de Ezeiza"
Julio Alak, ministro de Justicia"El Servicio Penitenciario Federal recibió una comunicación formal de la Justicia federal de San Juan para que realizara el traslado en tránsito de los detenidos -hoy prófugos- al Hospital Militar Argerich, dónde tenían turnos otorgados para dermatología y psiquiatría, cuestiones médicas que tranquilamente se podían subsanar en San Juan", explicó Alak.
El viernes último, el Ministerio de Justicia firmó una resolución para que "el Servicio Penitenciario no vuelva a trasladar a los condenados por delitos de lesa humanidad a hospitales que dependan de las Fuerzas Armadas".
En tanto, la cartera de Defensa dictó una resolución complementaria para que los detenidos por delitos de lesa humanidad no puedan ser atendidos en hospitales de las Fuerzas Armadas, ni para su internación ni para tratamiento ambulatorio.
Además, según detallaron los ministros Rossi y Alak, se ofició ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, la gestión de una acordada que instruya a jueces nacionales y federales para que "los privados de libertad por delitos de lesa humanidad sean tratados en dependencias del servicio penitenciario y no en hospitales militares".
"De ahora en más, de requerirse atención médica especial para civiles y militares imputados por delitos de lesa humanidad, ésta se prestará en el Hospital del Servicio Penitenciario Nacional de Ezeiza, que cuenta con servicios de mediana y alta complejidad", puntualizó Alak.
En cuanto a la Comisión de Asesoramiento Médico, se informó que realizarán un relevamiento de la situación de cada uno de los pacientes imputados, procesados o condenados en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad, para luego sistematizar toda la información, y pasarla a cada uno de los tres ministerios, que luego transmitirá el relevamiento a la Justicia.
Olivera y De Marchi fueron trasladados desde San Juan hasta el penal bonaerense de Marcos Paz, donde permanecieron en forma transitoria para salir, el jueves último, rumbo al Hospital Militar bajo custodia del servicio Penitenciario Federal.
Una vez en el tercer piso del hospital Cosme Argerich, ámbos detenidos ingresaron a los consultorios donde debían ser atendidos, pero luego no se los pudo encontrar.
Por otra parte, en el marco de las medidas adoptadas para dar con el paradero de los dos represores, el Gobierno dispuso una recompensa de 2 millones de pesos "destinada a aquellas personas que brinden datos útiles que resultasen determinantes para la detención".
La decisión, anunciada la semana pasada, fue formalizada hoy a través de las resoluciones 1199 y 1200, publicadas en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Justicia, Julio Alak.
Quienes puedan aportar información deben comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas ordenada por la Justicia, al (011) 5300-4020.
La Justicia de San Juan había concedido a ambos detenidos el beneficio de su traslado transitorio a la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Servicio Penitenciario Federal, para ser atendidos en el Hospital Militar Central, por los servicios de dermatología, en uno de los casos, y de psiquiatría, en el otro.
"De ahora en más, de requerirse atención médica especial para imputados por delitos de lesa humanidad, ésta se prestará en el Hospital del Servicio Penitenciario Nacional de Ezeiza"
Julio Alak, ministro de Justicia"El Servicio Penitenciario Federal recibió una comunicación formal de la Justicia federal de San Juan para que realizara el traslado en tránsito de los detenidos -hoy prófugos- al Hospital Militar Argerich, dónde tenían turnos otorgados para dermatología y psiquiatría, cuestiones médicas que tranquilamente se podían subsanar en San Juan", explicó Alak.
El viernes último, el Ministerio de Justicia firmó una resolución para que "el Servicio Penitenciario no vuelva a trasladar a los condenados por delitos de lesa humanidad a hospitales que dependan de las Fuerzas Armadas".
En tanto, la cartera de Defensa dictó una resolución complementaria para que los detenidos por delitos de lesa humanidad no puedan ser atendidos en hospitales de las Fuerzas Armadas, ni para su internación ni para tratamiento ambulatorio.
Además, según detallaron los ministros Rossi y Alak, se ofició ante el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, la gestión de una acordada que instruya a jueces nacionales y federales para que "los privados de libertad por delitos de lesa humanidad sean tratados en dependencias del servicio penitenciario y no en hospitales militares".
"De ahora en más, de requerirse atención médica especial para civiles y militares imputados por delitos de lesa humanidad, ésta se prestará en el Hospital del Servicio Penitenciario Nacional de Ezeiza, que cuenta con servicios de mediana y alta complejidad", puntualizó Alak.
En cuanto a la Comisión de Asesoramiento Médico, se informó que realizarán un relevamiento de la situación de cada uno de los pacientes imputados, procesados o condenados en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad, para luego sistematizar toda la información, y pasarla a cada uno de los tres ministerios, que luego transmitirá el relevamiento a la Justicia.
Olivera y De Marchi fueron trasladados desde San Juan hasta el penal bonaerense de Marcos Paz, donde permanecieron en forma transitoria para salir, el jueves último, rumbo al Hospital Militar bajo custodia del servicio Penitenciario Federal.
Una vez en el tercer piso del hospital Cosme Argerich, ámbos detenidos ingresaron a los consultorios donde debían ser atendidos, pero luego no se los pudo encontrar.
Por otra parte, en el marco de las medidas adoptadas para dar con el paradero de los dos represores, el Gobierno dispuso una recompensa de 2 millones de pesos "destinada a aquellas personas que brinden datos útiles que resultasen determinantes para la detención".
La decisión, anunciada la semana pasada, fue formalizada hoy a través de las resoluciones 1199 y 1200, publicadas en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Justicia, Julio Alak.
Quienes puedan aportar información deben comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas ordenada por la Justicia, al (011) 5300-4020.
Piden investigar la responsabilidad del juez que autorizó el traslado de los dos represores que se fugaron.
Víctor Hortel, director del Servicio Penitenciario Federal, aseguró que fue la justicia federal la que dispuso el traslado de Jorge Olivera y Gustavo De Marchi al Hospital Militar, y "no en forma definitiva al penal Federal de Marcos Paz, como se informó erróneamente”.
De esta manera, el jefe del Servicio Penitenciario Federal salió al cruce nuevamente de las versiones periodísticas que indicaban que el juez Federal Miguel Angel Gálvez no había enviado a Olivera y De Marchi al nosocomio en el que se produjo la fuga de los dos represores condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.
En ese sentido, Hortel reiteró que “debe investigarse la responsabilidad del juez federal sanjuanino que autorizó el traslado transitorio” de los dos represores, quienes se fugaron el jueves último del Hospital Militar, en el barrio porteño de Belgrano.
Precisamente, la documentación obrante en el SPF da cuenta de que el juez Gálvez dispuso el traslado temporario durante el término de la feria judicial y además, el 18 de julio María Paula Carena, titular de la Secretaría Penal N°5 del Juzgado Federal N°2 de la provincia de San Juan, “por disposición del Juez Federal subrogante Miguel Ángel Gálvez”, solicitó “se arbitren los medios necesarios para que el interno Gustavo Ramón De Marchi, sea trasladado hasta el Hospital Militar Central, a los fines de ser atendido".
Según esos registros, la solicitud de atención preveía traslados del 18 y 25 de julio al Servicio de Psiquiatría a las 10; el 31 de julio al Servicio de Traumatología a las 10; el 1 de agosto al Servicio de Clínica Médica General a las 10.30; el 7 de agosto al Servicio de Implantología a las 10 y 8 de agosto al Servicio de Psiquiatría a las 10.00 horas.
En tanto, en oficios similares cursados en la misma fecha y en iguales términos, la secretaria Carena solicitó, también por disposición del juez Gálvez, que “se arbitren los medios necesarios para que el interno Jorge Antonio Olivera sea trasladado hasta el Hospital Militar Central", también por atención médica.
Los cronogramas de traslados para Olivera eran el 18 y 25 de julio al Servicio de Dermatología a las 10; el 31 de julio al Servicio de Implantología a las 10; el 1 de agosto al Servicio de Urología a las 10.30; 7 de agosto al Servicio de Nefrología a las 10; y 8 de agosto al Servicio de Psiquiatría a las 10.00 horas”, es decir, exactamente los mismos días y en los mismos horarios que De Marchi.
Fuente: Telam
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