Juez santafesino instó a la provincia y al municipio a que solucione el déficit de vivienda en Rosario.


Un juez provincial emitió una resolución con marcado contenido social respecto a la ausencia de políticas estatales para afrontar el déficit habitacional destinado a sectores vulnerables.


Foto: Rosario Costa Pobre

Un juez provincial emitió una resolución con marcado contenido social respecto a la ausencia de políticas estatales para afrontar el déficit habitacional destinado a sectores vulnerables. Lo hizo en el marco de un juicio de desalojo de un predio de 27 de Febrero y Circunvalación, donde le dio un plazo de 60 días a los gobiernos provincial y municipal para que imponga una solución a las 18 familias asentadas en el lugar. Los vecinos propusieron pagar los lotes a través de un fideicomiso, pero la Intendencia respondió que no está en condiciones de instrumentarlo.
El expediente judicial que tramita el juez Civil y Comercial Nº 1, Daniel González, arrojó un dictamen que vuelve a poner el acento en la problemática de la vivienda para los sectores de escasos recursos.
Fue en el marco de un juicio de desalojo con sentencia firme desde 2008 de un lote de 1.000 metros cuadrados en el barrio Santa Clara, delimitado por Colombres, 27 de Febrero y Circunvalación. Allí se asentaron hace 30 años unas 20 familias.
Como la dueña del inmueble se mostró predispuesta a venderlo, los vecinos propusieron ante las autoridades y el juez pagar las parcelas en cuotas a través de un fideicomiso administrado por el Banco Municipal.
Pero después de varias audiencias, que se desarrollaron desde noviembre de 2011 a marzo de este año, la Municipalidad se negó a facilitar ese mecanismo de financiación y la negociación se estancó. El jueves, el juez emitió una resolución que pone el acento en el rol del Estado frente a estas situaciones.
El magistrado hizo referencia a "la gravedad de la situación social" y recordó que el barrio está ocupado por 8 familias que se componen de 42 personas mayores, 32 menores y 4 discapacitadas, y que muchas de ellas se encuentran afectados por graves patologías", algunas crónicas.
En ese marco, mencionó el ordenamiento jurídico que ampara los derechos ciudadanos (la Constitución Nacional y tratados internacionales) para argumentar su posición: "La ejecución del desalojo sin la colaboración del Estado es actualmente de realización imposible dentro de los estándares del Derecho Internacional Humanitario".
Omisión. La resolución destaca que "existió una omisión total de la actividad estatal en arbitrar la solución a la problemática habitacional, a pesar de que los funcionarios asumieron el compromiso ante el Tribunal y los vecinos".
En ese camino, el magistrado le ordenó al gobierno provincial y a la Municipalidad de Rosario a que, "en un plazo perentorio de sesenta días, arbitren los medios para solucionar la problemática de los ocupantes del inmueble".
A título preventivo, finalmente González llamó a las autoridades a que "articulen en el futuro la ejecución de programas públicos específicos destinados a sectores vulnerables que se encuentren frente al peligro de perder su vivienda, en virtud de un inminente desalojo judicial"

Fuente: La Capital
.

Comentarios