Por Medardo Avila Vasquez
Por el derecho a la salud de nuestros pueblos, en serio riesgo como consecuencia de las fumigaciones, los organismos de DD.HH. y personalidades abajo firmantes expresamos:*Nuestro apoyo y solidaridad a las Madres de Ituzaingo, en su lucha por hacer justicia en un Barrio de Córdoba donde la enfermedad y la muerte vinieron de la mano del modelo agroindustrial.
*Exigimos que en el juicio a llevarse a cabo próximamente en la provincia de Córdoba –el primero en el país en el que serán juzgados dos productores y un empresario aéro-aplicador por derramar veneno sobre las personas (fumigar), se priorice el derecho humano a la salud que tiene la población, por sobre los intereses de los agronegocios.
¡Por un modelo productivo que garantice la soberanía alimentaria y la salud de nuestros pueblos!
Nunca antes en la historia de la humanidad la producción de alimentos estuvo tan concentrada bajo el control de una misma matriz de producción. Nunca antes en la historia de la humanidad tan pocas empresas oligopolizaron el mercado, actuando a nivel internacional, ni tuvieron tanto control sobre la producción y el comercio de productos alimenticios como ahora.
Se estima que menos de 50 grandes empresas transnacionales tienen el control mayoritario de la producción de semillas, de insumos agrícolas y de la producción y distribución de alimentos en todo el mundo.
En nuestro país, son siete las empresas del agronegocio que acaparan todo el mercado: Cargill, ADM, Bunge, Monsanto, Syngenta, El Tejar y GROBO.[1]
Arrasando territorios
Nuestro país está inmerso en un modelo de agricultura intensiva, industrial, basada en la utilización de químicos que produce la concentración de capitales y propiedades, la destrucción de modos y medios de vida de comunidades campesinas y pueblos originarios, la desaparición de la agricultura familiar y de pequeños y medianos productores.
Las migraciones internas, el incremento de refugiados ambientales concentrados en los cordones urbanos de pobreza, como también la destrucción de ecosistemas y toda la flora y fauna asociada al mismo, son saldos negativos y ocultos para la mayoría de la población.
En las arroceras de Corrientes, en los montes quemados de las sierras de Córdoba, en el desplazamiento violento de poblaciones rurales en Santiago del Estero y Formosa, en las inundaciones de Salta, en los niños con malformaciones en Chaco y Misiones, en los desiertos verdes en que se han convertido los mejores campos de Buenos Aires y Santa Fe, se observa la huella de un modelo de agronegocios que sólo deja enfermos, muertos y tierra arrasada.
Los más de 350 millones de litros de agrotóxicos anuales que se utilizan, solamente en la campaña de la soja además de ser aspirados, absorbidos o consumidos en los alimentos, contaminan el medioambiente en el que vivimos.
Independientemente de la aventura que significa someter la política agropecuaria de un país a los vaivenes del casino financiero internacional que ha tomado a las materias primas como objeto de su especulación, el reciente Plan Estratégico Agroalimentario (PEA) propone, entre otras cosas, el aumento de la superficie cosechada en un 20% cuando la mayoría de las provincias se encuentran al límite de uso de sus tierras productivas.
La presentación celebrada y aplaudida de 160 millones de toneladas de granos para el 2020 anuncia la continuidad y profundización del agronegocio, dependiente de agrotóxicos, commodities y transgénicos.
Un modelo extractivo que desmonta, desaloja, enferma y mata.
El uso masivo de agrotóxicos está directamente relacionado con la actual política agrícola del país, que fue adoptada a partir de la década de 1960, con la llamada Revolución Verde, lo que representó un cambio en la tecnología química y el método de producción agrícola. El campo experimentó una "modernización" que impulsó el aumento de la producción, pero absolutamente dependiente del uso de paquetes de productos tecnológicos (semillas híbridas y transgénicas, agrotóxicos, maquinaria pesada) que nos venden las multinacionales del agronegocio.
Este proceso de modernización de la agricultura iniciado en la década de los sesenta se continúa hoy en día con la expansión de los cultivos genéticamente modificados (GM) en todo el país, lo cual ha significado el aumento extraordinario del uso de agrotóxicos.
Argentina ha incrementado su producción de exportación y expandido los cultivos GM sobre la aplicación creciente de herbicidas, fertilizantes sintéticos, fungicidas y curasemillas en general.
Solamente para aplicar con el nuevo paquete tecnológico se usaron este último año 200.000.000 de litros de glifosato bajo diferentes formulaciones y concentraciones por medio de las pocas empresas que monopolizan el mercado.
Las consecuencias a largo plazo de la exposición a plaguicidas sobre el organismo humano se manifiestan sobre el desarrollo y la funcionalidad de diferentes órganos y sistemas; y abarca desde alteraciones neurológicas, reproductivas, endocrinas e inmunológicas, fracasos funcionales y alteraciones del comportamiento, a la aparición de tumores.[2]
“Los plaguicidas son tóxicos, son venenos y nos están enfermando, las enfermedades que vemos y tenemos no son casuales, son generadas, principalmente, por la fumigación con estos agrotóxicos.
En razón del grave problema que hemos aquí presentado, y en función de la aplicación del principio precautorio[3], creemos que se deben tomar medidas para garantizar el derecho a la salud y a un ambiente sano para las poblaciones de los pueblos fumigados, nuestros pacientes.
Es urgente avanzar en restricciones públicas al uso de los plaguicidas ya que durante al menos 6 meses al año y tres veces por mes se envenena masivamente a las poblaciones de los Pueblos Fumigados de la Argentina” (Informe del 1er. Encuentro de Médicos de Pueblos Fumigados)
Este modelo de producción agroindustrial, basado en el uso intensivo de transgénicos y agroquímicos es insostenible e inviable, avasalla derechos inalienables de nuestros pueblos, nos enferma y mata.
Es imprescindible que desde el estado se fomente y garantice un sistema de producción que promueva la salud de la población, la defensa de sus bienes culturales y biológicos, y que garantice la permanencia de las comunidades y pueblos en sus territorios, con alimentos y un ambiente sanos, para todos.
Marzo 2012
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